El gobierno ha cedido ante el chantaje de las empresas petroleras privadas, han pasado tres años y aún se mantienen contratos lesivos a los intereses de los ecuatorianos

En los primeros días del gobierno de Rafael Correa, este anunciaba la necesidad de recuperar el petróleo para el beneficio de todos los ecuatorianos, era evidente que las empresas privadas que “invertían” en el país eran las más favorecidas con contratos de participación en las que el Estado solo tenía derecho a porcentajes inferiores, pues las compañías petroleras se beneficiaban de hasta el 80% de la producción.

Los ecuatorianos vimos con optimismo el anuncio del presidente de renegociar estos contratos petroleros hace tres años , pero hasta la fecha estos no se han concretado dejando un grave perjuicio al Estado, pues por un lado las compañías privadas amparadas en la dichosa renegociación han rehusado pagar los excedentes petroleros que se estableció en un 99% destinado para el Estado y 1% para la empresa privada, lo que no solo han eludido sino que instauraron demandas internacionales para evitar el pago.

Por otro lado, la “incapacidad” de los funcionarios de gobierno permitieron el chantaje de las petroleras privadas, pues a nombre de la inestabilidad jurídica estas dejaron de invertir y, además, deliberadamente bajaron los índicies de producción causándole un grave perjuicio al Estado que en los hechos ha mermado el ingreso de recursos que provienen de esta actividad. Esta baja en la producción comienza justamente cuando el gobierno anuncia la renegociación petrolera, técnicos señalan que desde el 2007 hasta la presente fecha el Ecuador habría perdido recursos por la no explotación de por lo menos 20 millones de barriles. Alberto Acosta indica que solo en 2009, la producción privada cayó en 14,8% en relación en al año precedente; de enero a octubre las empresas privadas reportaron una producción de 62,5 millones de barriles de crudo, cuando en ese mismo lapso de 2008, la producción fue de 73,4 millones de barriles.

Estos datos solo demuestran que el gobierno de Rafael Correa ha cedido ante el chantaje y el boicot de las empresas petroleras, ha tardado tres años y aún los 34 contratos petroleros no han sido renegociados; estos se mantienen en manos de compañías como la española Repsol-YPF, la brasileña Petrobras, el consorcio chino Andes Petroleum, la Unidad de la italiana ENI, Agip Oil. Las que siguen usufrutuando del petróleo de los ecuatorianos.

Es clara la intención del gobierno, así como en otros temas, se ha echado para atrás y permitiendo que manos privadas sigan manejando a su antojo uno de los recursos estratégicos, el petróleo, mediante contratos lesivos para el país que no garantizan ni siquiera lo establecido en las Constitución un “aprovechamiento de los recursos en un monto no inferior a la de la empresa que los explota” (Art 408)

Pero además es evidente que el gobierno no ha tenido apuro en resolver este tema, pues ha permitido que las empresas argumenten la falta de estabilidad jurídica, de que la migración a los contratos de prestación de servicios no tiene una normativa clara, con estos pretenden justificar su demora en la suscripción de los nuevos contratos y por supuesto la falta de inversión que no avizora solución alguna, ya que las empresas privadas no tienen planificada la inversión, cosa que en condiciones normales a estas alturas debía estar lista, con lo que se puede señalar que para el 2011 la situación en la producción seguirá igual, ya que el gobierno aún no cuenta con las reformas a la Ley de Hidrocarburos aprobadas. Vale señalar que a los tres años de iniciada la negociación el gobierno recién envió las reformas a la Asamblea Nacional. Tal como están las cosas habrá que ver sí estas garantizan efectivamente los mandatos constitucionales o son parches para continuar beneficiando a las empresas petroleras privadas.